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04.12.2012

Estatuto del Funcionario Público es “inconstitucional de la primera a la última letra”

Así lo dijo el experto en Derecho Público, Juan Pablo Cajarville, quien “destrozó” el proyecto de Estatuto de Funcionario Público. Aseguró ante el Parlamento que el texto viola la Constitución.

Convocado por la Comisión de Diputados que analiza el articulado elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el especialista, según pudo saber UNoticias, desmenuzó y cuestionó todos y cada uno de los artículos que lo componen.

Cajarville, vinculado históricamente a la izquierda moderada, fue consultado en su calidad de profesor grado V en Derecho Público de la Universidad de la República.

Según confiaron varios legisladores de la comisión, literalmente “demolió” el proyecto, al asegurar que “es una inconstitucionalidad mayúscula del primer al último artículo”.

Pablo Abdala (CAR-PN) señaló que la objeción central fue dirigida a la definición que el gobierno hace de funcionario público, que Cajarville es “totalmente inconstitucional”.

Concretamente el artículo 3 limita esa definición a todo aquel funcionario que esté presupuestado, violando los artículos 53 y subsiguientes de la Constitución de la Republica, que definen de esa forma a todo aquel esté trabajando para el Estado, ya sea presupuestado o no.
Cajarville rechazó que el Ejecutivo restringa además el concepto a los que se desempeñan en la Administración Central, lo cual definió como “inconstitucionalidad flagrante”.

Sostuvo al respecto que “es un despropósito que el proyecto exceptúe a personal superior, cargos políticos y de particular confianza”.
Cajarville dijo que el artículo 4 viola la Carta Magna porque restringe la aplicación del Estatuto a la Administración Central, dejando por fuera a los Poderes Legislativo y Judicial, las Intendencias y los organismos de contralor.

También cuestionó el artículo 5, que establece un período de prueba para el nuevo funcionario de 18 meses. “La Constitución no establece ningún plazo. Además de inconstitucional, es exagerado”, sostuvo.

Cajarville afirmó que los artículos 21 al 28, referentes a remuneraciones, y los que van del 40 al 53, relativos a escalafones, “Son inconstitucionales del primero al último”, ya que deberían ir en la Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas.

También objetó la definición de “cargo público” prevista en el artículo 54.

Cajarville sostuvo además que el artículo 79, que habilita la aplicación de sanciones por hasta diez días sin abrir sumarios “saca todas las garantías a los funcionarios, a los que se sancionará sin pruebas y sin posibilidad defensa”.

El experto suscribió lo afirmado semanas atrás por su colega Juan Carlos Delpiazzo, quien afirmó que la definición que el Ejecutivo hace de funcionarios públicos es similar a la que en su momento suscribió Aparicio Méndez, presidente de la Dictadura.

Lo expuesto por Cajarville cayó como un balde de agua fría entre los legisladores del oficialismo. “Muchachos, bajamos la cortina”, dijo Carlos Gamou (CAP-L) antes de retirarse de sala.

Para Yerú Pardiñas (PS) “es claro la definición de funcionario que hace el proyecto va en contra de lo que establece la cátedra”.
Casi todos los sectores del Frente Amplio están de acuerdo en ese sentido que se debe llegar a un concepto más abarcativo. Tanto los socialistas como el Partido Comunista presentaron ya propuestas al respecto, que recogen en parte los planteos de los gremios públicos.

La Comisión está a la espera de una redacción alternativa anunciada por la OPP, que de todas formas conserva una definición restrictiva de lo que es un funcionario público.

El Parlamento recibirá la próxima semana al ex subdirector de OPP Conrado Ramos, que estuvo a cargo en la pasada administración de la puesta en marcha de la “Reforma del Estado”.

Ramos renunció a principios de este período al discrepar profundamente con la línea de acción del actual gobierno sobre este tema.


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Unoticias
MP


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